Descripción |
Buscar | Arriba |
Notas de Prensa |
||
Los pacientes con problemas urológicos tienen una elevada carga de dependencia y afectación sobre su calidad de vida. Estas situaciones suponen, en muchas ocasiones, un sufrimiento añadido, alta vulnerabilidad y una enorme fragilidad en su día a día. Con el objetivo de apoyar, cuidar y prevenir posibles complicaciones, el Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación Española de Enfermería en Urología (AEEU) piden al Gobierno central y a los autonómicos que se apueste de verdad por la figura de la enfermera experta en Urología para mejorar el proceso de enfermedad de los pacientes.
La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja, Elisa Elías, ha mantenido una reunión con el presidente del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, de cara a tratar la situación de las enfermeras en su territorio y coordinar las acciones conjuntas a nivel nacional. Uno de los problemas más acuciantes para la Enfermería riojana es el retraso del desarrollo de la prescripción enfermera y la aparente desidia de la Consejería de Sanidad en este sentido, lo que provoca que La Rioja sea la última Comunidad Autónoma en aplicar la legislación vigente sobre indicación de medicamentos por parte de las enfermeras.
La pandemia por COVID-19 puso en jaque hace ya casi dos años la atención sanitaria de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. El confinamiento total afectó enormemente a la evolución de la patología en muchísimos afectados, que se vieron obligados a vivir la enfermedad en soledad, así como aquellos que quedaron aislados en centros sociosanitarios para evitar el posible contagio. Además de los que ya estaban diagnosticados, la situación agravó la evolución de los pacientes que estaban en un estadío inicial de la patología. Una deuda pendiente que ahora las administraciones tienen la obligación de abordar y solucionar para afrontar los cuidados de estas personas y de sus familiares o cuidadores principales.
Desde el inicio de la pandemia, los alumnos han sufrido el impacto del COVID-19 en su educación. Tras un curso interrumpido durante meses en la primera ola llegó un segundo curso que, según los expertos, fue mejor de lo previsto pero que aún así ha afectado a su proceso educativo. Con el objetivo de garantizar la seguridad en las aulas, docentes, padres y alumnos exigen la presencia de enfermeras escolares en todos los centros, una necesidad que viene de lejos pero que la pandemia ha hecho aún más evidente.
Con la llegada del otoño las personas con pieles atópicas tienden a ver cómo su problema se acentúa y aquellos que habían pasado un verano más o menos tranquilo -gracias a los beneficios de la exposición solar- vuelven a sufrir los síntomas de una enfermedad que no da tregua. La dermatitis atópica es una disfunción de la barrera cutánea que se caracteriza por el eczema, el prurito, el engrosamiento de la epidermis y la sequedad.
Un total de 1.822 enfermeros podrán formarse en una de las 6 especialidades de enfermería el próximo curso, según la convocatoria que ha publicado estos días el Boletín Oficial del Estado. Una cifra que el Consejo General de Enfermería considera que “es insuficiente y más en la situación actual en la que el sistema sanitario ha sido castigado fuertemente por la pandemia”, tal y como señala Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.
Más de 7 millones de alumnos (no universitarios ni de formación profesional) se incorporan estos días a las aulas en toda España. Con el objetivo de afrontar el segundo curso inmersos en la pandemia por COVID-19, la comunidad educativa del país tiene ante sí el reto de volver a ser ejemplo internacional en el control de la expansión del virus en las escuelas infantiles, colegios e institutos. Además, con la vacunación en marcha para los mayores de 12 años y, previsiblemente, en las próximas semanas para los menores de esta franja de edad, la organización y la gestión de esta campaña pasa, sin duda, por apostar por la implantación de enfermeras escolares en todos los centros.
España traspasa hoy la barrera del 70% de la población vacunada con la pauta completa contra el COVID-19, con las enfermeras como grandes protagonistas de la mayor campaña de vacunación de la historia. Más de 70 millones de dosis administradas en ocho meses encumbran, una vez más, a los profesionales del país, que han vuelto a demostrar la importancia de contar con una enfermería formada y comprometida para superar la crisis sanitaria.
La Mesa de la Profesión Enfermera, constituida por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado al Gobierno que regule el precio de los autotest de antígenos que se venden sin receta en las oficinas privadas de farmacia, para acabar con la especulación y desigualdad de precios que provoca que en España cuesten un 2.000 por ciento más que en países de nuestro entorno, como Alemania.
España se enfrenta a partir de hoy a una de las mayores olas de calor del año, en la que muchas zonas del país alcanzarán temperaturas extremas de más de 45º, tal y como han anunciado desde la Agencia Estatal de Meteorología. Previsiblemente durará hasta el próximo lunes, 16 de agosto, y desde el Consejo General de Enfermería queremos informar a la sociedad de cómo hay que afrontar estas jornadas de tantísimo calor, así como dar las pautas para prevenir problemas derivados de las altas temperaturas.
Tras la publicación de distintas noticias en medios de comunicación sobre la posible transferencia de la gestión de la formación sanitaria especializada a Cataluña, el Consejo General de Enfermería se muestra totalmente contrario a cualquier posibilidad de desmantelar un sistema que lleva funcionando ya décadas y que ayuda a mantener unos criterios de igualdad y equidad para todos los candidatos que se presentan a nivel estatal.
La Mesa de la Profesión Enfermera (compuesta por el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE) denuncia la peligrosa medida que quiere llevar a cabo la Generalitat de Cataluña, contando con personal no cualificado para administrar la vacuna contra el COVID-19. Esta medida, propuesta por la Dirección General de Profesionales de la Salud, supone una agresión sin precedentes a la profesión enfermera y es contraria a la legislación vigente.