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Notas de Prensa |
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La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la carencia de profesionales sanitarios para hacer frente a una de las mayores crisis sanitarias de nuestra historia. La llegada masiva de pacientes y la modificación de la asistencia en centros sanitarios para evitar los contagios han hecho que algunos procedimientos se hayan visto perjudicados y también que muchas personas retrasen revisiones imprescindibles por el miedo a una posible infección.
La carencia de personal de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios ha influido en la elevada mortalidad y los estragos que ha causado el coronavirus, una situación dramática cuya solución no puede pasar por reemplazar a las enfermeras generalistas y especialistas en Geriatría por unos técnicos con una formación no universitaria. Esa es la propuesta que ha hecho pública la Federación Empresarial de la Dependencia, organización patronal nacional que agrupa a todo el sector empresarial de atención a la Dependencia, a través de su presidente, Ignacio Fernández Cid, que intervino ayer en la Asamblea de Madrid para explicar su punto de vista sobre la situación de las residencias de mayores.
La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y su equipo se ha reunido esta tarde con la vicepresidenta y el vicesecretario del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández y José Luis Cobos, respectivamente. El objetivo de este encuentro era abordar los actuales desafíos de nuestro sistema sanitario. Un sistema no sólo abocado a afrontar la actual situación de pandemia por COVID-19, sino marcado también a un futuro a medio plazo por la creciente necesidad de cuidados enfermeros en la población española, cada vez más envejecida y aquejada de patologías crónicas.
El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Fundación Mujeres por África (FMxA) han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en diversos acuerdos de ámbito sanitario, acción social y voluntariado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población africana y de los profesionales sanitarios que allí desempeñan su actividad.
La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha trasladado a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid la necesidad de adoptar iniciativas parlamentarias que puedan reforzar y mejorar la Atención Primaria, como servicio público y gratuito para todos los ciudadanos, en lugar de posibilitar la implantación de prácticas con fines empresariales privados, como es la mal llamada ‘farmacia comunitaria’, que van en detrimento del normal funcionamiento de nuestro sistema sanitario y de la seguridad de los pacientes.
El Ministerio de Sanidad está celebrando hoy una Jornada telemática con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en el que están participando como ponentes médicos, psicólogos, pacientes y periodistas, pero ni una sola enfermera. El Consejo General de Enfermería de España (CGE) y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) quieren mostrar su absoluto rechazo por esta actuación llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad y que describen como injusta, inconcebible en cualquier otro país desarrollado y ajena a la realidad asistencial donde las enfermeras son imprescindibles para el cuidado de estos pacientes.
En el primer semestre del año la Policía Nacional ha registrado 80 denuncias por agresión, física (24%) o verbal (76%), por parte de profesionales sanitarios, 29 de ellos, enfermeras. Además, durante todo el periodo de confinamiento, los sanitarios han realizado cerca de 8.000 contactos con la Policía Nacional para resolver todo tipo de situaciones surgidas con motivo de la situación de emergencia sanitaria que se vivía. Los datos hoy presentados son el resultado un exhaustivo análisis realizado por esta unidad especializada en agresiones y muestran una fuerte caída del numero de denuncias por agresiones con respecto a 2019, cuando, en todo el año se contabilizaron 294 denuncias, sin embargo, cabe recordar que hemos vivido unos meses atípicos de pandemia y confinamiento y no pueden compararse con los ejercicios anteriores. Toda esta información ha sido presentada esta mañana en la reunión que ha mantenido el equipo del Interlocutor Policial Nacional Sanitario con representantes del Consejo General de Enfermería (CGE). Un encuentro organizado para analizar la situación y los próximos pasos a seguir por ambas instituciones para continuar con su colaboración para prevenir esta lacra.
La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE), y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a las diferentes consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas que no posibiliten a los empresarios privados farmacéuticos la administración de la vacuna de la gripe en sus oficinas de farmacia, y ha defendido que esta actividad sanitaria asistencial se realice inexcusablemente en los centros de salud públicos por parte de los profesionales sanitarios cualificados, como son las enfermeras y enfermeros, que la vienen realizando históricamente con plenas garantías de seguridad y calidad asistencial.
El pasado mes de junio, la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, acordó poner en marcha un estudio conjunto que analizase la situación en la que se encontraba el sector sociosanitario. Era necesaria una radiografía de este sector después del durísimo golpe que había supuesto la pandemia por COVID-19, causando miles de fallecimientos entre los residentes; un trabajo independiente y científico que contase con la visión y el análisis de la única profesión experta en los cuidados de las personas a lo largo de toda la vida: las enfermeras.
El Foro Profesional, integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); el Consejo General de Enfermería (CGE); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y el Sindicato de Enfermería, SATSE, se ha reunido hoy para abordar la difícil situación a la que se está enfrentando nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) por la expansión de la Covid-19, y ha lamentado la falta de búsqueda de diálogo y acuerdo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los representantes de los profesionales sanitarios.