Seis meses después de que la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez, y el subdirector general de Recursos Humanos, Eugenio Arribas, se comprometiesen a poner sobre la mesa la necesidad de abordar este asunto de manera inmediata, el organismo que representa a las más de 345.000 enfermeras y enfermeros lamenta que no se ha avanzado absolutamente nada en el tema.

En este sentido, las enfermeras penitenciarias recuerdan que sus competencias se rigen por una normativa obsoleta del año 1981, “que nada tiene que ver con el trabajo que realizan en la actualidad”.

“Actualmente seguimos a la espera de cualquier avance en nuestras condiciones laborales que contribuyan al aumento de nuestra motivación profesional. Continúan vigentes las funciones definidas por el artículo 324 del Reglamento Penitenciario de 1981, y nuestras condiciones económicas en cuanto al valor de la hora de guardia y a nuestro complemento específico, siguen en el mismo punto. En definitiva, el colectivo de enfermería penitenciaria sigue abandonado a la deriva”, afirma Eusebio Espuela, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (ANEP), que puso de manifiesto esta situación durante las I Jornadas Nacionales de Enfermería Penitenciaria bajo el lema ‘Pasado, presente y futuro: derribando muros, abriendo horizontes’.

Para el CGE, esta situación no hace más que resaltar un nuevo ninguneo de las Administraciones, que se comprometen a cambiar las cosas y ponen buena cara durante las reuniones, pero no terminan de materializarlo. “Las enfermeras y enfermeros de prisiones no pueden seguir trabajando en unas condiciones arcaicas y obsoletas. No podemos seguir manteniendo una normativa de hace 40 años. La enfermería ha ido avanzando a pasos agigantados en todos los ámbitos y para nosotros es fundamental que se trabaje para progresar como necesitan estos profesionales que trabajan en las prisiones del Estado”, subraya Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

A pesar de que desde el organismo enfermero había optimismo en que se avanzase en este tema, cada vez lo ven más lejano. “Me resisto a aceptar que nuestro futuro profesional sea precisamente la ausencia de futuro. El colectivo de enfermeros y enfermeras de Instituciones Penitenciarias seguiremos luchando por el reconocimiento profesional que nos merecemos, un reconocimiento basado básicamente en la aprobación de unas funciones que contemplen la realidad de nuestro trabajo diario con las personas privadas de libertad, además de ampararnos legalmente, y un valor de hora de guardia, junto a un complemento específico, que nos dignifiquen profesionalmente”, puntualiza Espuela.

Además de la necesidad de mejorar sus condiciones y reconocer sus competencias, desde el Consejo General alertan de la falta de profesionales en muchos de los centros, lo que pone en riesgo no solo la calidad de vida de los internos, sino también de los profesionales, que deben atender a un número muy elevado de pacientes, muchas veces sin los mecanismos adecuados.

“El Ministerio del Interior debe ser consciente de esta situación y debe tomar cartas en el asunto. Las enfermeras de prisiones merecen un trato justo y acorde a sus capacidades. No se puede consentir que con la formación que tenemos las enfermeras en la actualidad, en las cárceles se nos siga considerando profesionales de segunda. Es el momento del cambio”, concluye Pérez Raya.